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La vivienda es un bien de primera necesidad pero también una mercancía sobre la que se ha sustentado nuestro sistema económico durante mucho tiempo. Ante la cantidad de pisos vacíos que existen en España (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH- calcula que hasta 6 millones) y la imposibilidad de muchas familias de acceder a una casa, la ocupación está creciendo.

Pero ésta es una ocupación diferente a la okupación; se trata de ocupar por necesidad, porque las familias no pueden hacer frente al pago de su hipoteca y han sido desalojadas. La okupación con “k” para los expertos es un acto de reivindicación, y aunque en ambos casos se viola el derecho a la propiedad, una está más aceptada por la sociedad que la otra.

En el caso de la okupación de edificios públicos deshabitados, la administración es permisiva ante la falta de control que en muchas ocasiones tiene de sus propios edificios. Así lo asegura Begoña Villacís, responsable del Área fiscal, laboral y Mercantil de Legalitas, quien advierte además que “es pólvora del rey“. El Estado no “pelea” igual por sus propiedades que los ciudadanos y esta falta de identidad por parte de la administración revela sin duda, incompetencia.

Existen muchos centros sociales autogestionados okupados que ofrecen servicios gratuitos a vecinos, alimentando las relaciones entre la vecindad y poniendo a disposición de las personas actividades gratuitas. Es un hecho que suma, aporta y alimenta el bienestar social pero que Begoña Villacís considera, en parte, injusto. Reclama igualdad para todos porque “existen asociaciones que  reivindican por la vía legal un espacio común y tienen que sufrir toda la burocracia“. Un hecho, que puede generar molestias al que emprende esta labor desde la legalidad y que evidencia otra incompetencia de la administración.

Desde la PAH advierten que 400.000 familias se han quedado sin hogar, mientras que el número de casas vacías asciende a los 6 millones, datos suficientes para empatizar con quienes llegan incluso a ocupar su propia vivienda al no poder pagarla. Diferentes voces hablan de injusticia, por ejemplo, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advierte de que existen muchas viviendas de protección pública (VPO) vacías que podrían habitar las familias que han sido desahuciadas. Demanda mayor diversidad de fórmulas de cesión por parte de la Administración para atajar el problema.

El concurso de acreedores para las familias se plantea como una de las soluciones para ayudar a las personas que no tienen dinero. Pero acceder a un concurso de acreedores no es fácil, tienes que reunir una serie de requisitos: tener una hipoteca y pluralidad de acreedores, es decir, no basta con tener una hipoteca a la que no puedes hacer frente. Es una fórmula que debería ser mejorada y que conlleva además ciertas desventajas: durante un año la familia no puede acceder al patrimonio y tiene que hacer frente a las costes judiciales. Otro asignatura pendiente más para el Estado y la administración: ayudar a las personas y ofrecerles facilidades para sobrevivir dignamente.

 Ya es hora de que se lleven a cabo medidas eficientes para evitar el sufrimiento a las personas y construir una sociedad feliz y sana con todos los derechos fundamentales garantizados.

Aquí puedes escuchar la entrevista a partir del minuto 35.

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